Viernes, 03 Noviembre 2017 00:00

Comunidad indígena condena la falta de consulta previa en explotación de coltán al oeste de Bolívar

 
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El campamento de la empresa mixta Parguaza fue instalado en diciembre de 2016 El campamento de la empresa mixta Parguaza fue instalado en diciembre de 2016 FOTO ARCHIVO

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Líderes indígenas de la comunidad de Parguaza, en el municipio Cedeño del estado Bolívar, están decididos a elegir un nuevo cacique de la etnia Piaroa, pues aseguran que no hubo consulta previa para la instalación del campamento de la empresa mixta Parguaza, la primera compañía que recibió permiso para la explotación de coltán en las tierras delimitadas del megaproyecto estatal Arco Minero del Orinoco.

La Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza fue una de las tres primeras compañías mixtas creadas en noviembre de 2016 para la explotación de coltán. Menos de tres meses después, el 19 de enero de 2017, recibió el permiso para instalarse en el extremo oeste de Bolívar. Ya en diciembre había instalado su campamento.

Franklin Quiñonez, activista indígena del Medio Parguaza que integra 5 comunidades, denunció que el cacique de la etnia, Enrique Gordo, supuestamente falsificó firmas de los chamanes para avalar la instalación de la compañía mixta. “Cinco comunidades del Bajo Parguaza están de acuerdo, pero más de 11 están en contra”, dijo, al mencionar que las comunidades Arume, Orianera, Caño Bejuco, Asocolorado, Fundo Nuevo, Santa Fe, Salto Maraca, Verea, Cerro Cucurito, Caño Cucurital, Caño Blanco, entre otras, rechazan la instalación de la compañía.

“La empresa debía hacer una consulta previa y en ningún momento vinieron a hacer diálogos ni una mesa de trabajo transparente. Ellos violaron y falsificaron firmas para instalar la empresa, nuestros líderes decidieron por nosotros, deberían ir hasta presos”, denunció.

“La mayoría de los que habita en el Parguaza rechaza la instalación de la empresa, porque el cacique tiene reglamentos que cumplir como consultar a los capitanes y al consejo de ancianos y eso no se hizo (…) Los consejos de ancianos y capitanes y el pueblo de Parguaza no quieren la empresa para resguardar la integridad del hábitat, conservar sus ríos, caudales y manantiales”, agregó.

Acento en la falta de consulta previa

Organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela han manifestado su rechazo al mega proyecto estatal precisamente por la falta de estudios de impacto ambiental y socioeconómico, así como por la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas que habitan en las tierras que serán objeto de explotación.

Luisa Ortega Díaz, ex Fiscal de la República, consignó este jueves en Bogotá, Colombia, un recurso de nulidad contra el decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron juramentados por la Asamblea Nacional y hoy están en el exilio.

Ortega Díaz soporta el recurso de nulidad en la fragmentación de los ecosistemas, la contaminación de las aguas, la deforestación, la propagación de enfermedades y la amenaza a especies frágiles o en peligro de extinción.

El recurso pone acento también en la falta de consulta previa, al irrespetar “el derecho de someter a un proceso de información y consulta previa a las comunidades indígenas, en claro irrespeto a las previsiones constitucionales y legales destinadas a protegerlas”.

“Los derechos de todos esos pueblos indígenas fueron ignorados por el decreto impugnado, aun cuando los posibles impactos socioculturales y ambientales por la implementación de nuevas políticas de extracción de minerales en amplios territorios ocupados ancestralmente por las comunidades pueden llegar a ser muy negativos”, indica.

Quiñonez sostuvo que estas comunidades viven de la siembra de cacao, yuca amarga y piña, que comercializan a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, “y así debería seguir siendo”.

Juan López, miembro de la comunidad indígena Alto Carinagua también de la etnia Piaroa, acompaña el reclamo de Quiñonez. Explicó que la aprobación de la instalación de la compañía mixta Parguaza se dio en una reunión esencialmente política en la que se consultó principalmente a los consejos comunales, y se dejó por fuera a los líderes y chamanes. “No hubo consulta previa, no visitaron las comunidades”, coincidió.

Indígenas apuntan en que la empresa debió consultar a todas las comunidades, pues tiene un área delimitada de 10.201 hectáreas en las que hay presencia piaroa.

Parguaza, con lupa

La Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza fue creada, junto a las compañías mixtas Metales del Sur y Oro Azul en noviembre de 2016. Hasta ahora, es la única que ha recibido el permiso legal para la explotación de las azuladas piedras de coltán en Parguaza, saltando la revisión obligatoria de los contratos por parte de la Asamblea Nacional.

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En el decreto presidencial, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.078 del jueves 19 de enero de 2017, el Ejecutivo le transfiere a la compañía -creada entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la Corporación Faoz, C.A.- el derecho a la explotación de coltán, ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo, granito, diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento.

De estos, el coltán es de gran interés por sus altas concentraciones de tantalio (Ta) y niobio (Nb) o columbita, metales refractarios imprescindibles para la industria electrónica, militar y aeroespecial. Se presume que la explotación ilegal de este material termina en Colombia, en la que sería su primera parada a otras naciones del mundo.

Parguaza podrá desarrollar las actividades de explotación minera durante 20 años, contados a partir de la fecha de publicación del decreto, con la posibilidad abierta de solicitar prórrogas.

Desde la instalación del campamento, el Ejecutivo no ha dado un balance de las labores de exploración de la industria, que cuenta con maquinaria en sus tierras, de acuerdo con miembros de la comunidad indígena.

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